El cabecilla de la trama, según la Fiscalía, es Antonio Manchado, exSecretario General del PSOE de Calvià, y exconcejal, también fue senador socialista entre 2011 y 2015, a quien solicitan 17 años de cárcel por malversación, el otro de Calvià es Paco Cano, también exSecretario General del PSOE de Calvià, y exconcejal. Es padre de Silvia Cano, exportavoz del grupo socialista en el Parlament, acusado de cobrar 5.000 euros mensuales sin saber exactamente su función. A Cano le piden 14 años de cárcel.

Un asunto que está pendiente de juicio y en el que están acusados varios dirigentes socialistas de Calvià. En total, la Fiscalía ha solicitado 142 años de prisión para los 11 investigados, una petición global de condenas que supera a escándalos tan mediáticos como el ‘caso Nóos’ o el ‘caso Scala’.

Este asunto, que arrancó en 2014 sin que hubiese ni una sola detención, ni registros en domicilios y oficinas para conseguir documentación. Como no hubo detenciones, los acusados no salieron esposados en los informativos de televisión como otros muchos ciudadanos de estas Islas que, al final, fueron considerados inocentes tras sufrir una inhumana exposición mediática.

El plantel de investigados no es menor. El cabecilla de la trama, según la Fiscalía, es Antonio Manchado, exSecretario General del PSOE de Calvià, y exconcejal, también fue senador socialista entre 2011 y 2015, a quien solicitan 17 años de cárcel por malversación, tráfico de influencias y falsedad documental. 

Otro de los acusados es José Antonio Santos, que tuvo un papel estelar en los gobiernos de Antich, a quien también solicitan 17 años por los mismos delitos. Y por último el otro Paco Cano, padre de Silvia Cano, exportavoz del grupo socialista en el Parlament, acusado de cobrar 5.000 euros mensuales sin saber exactamente su función. A Cano le piden 14 años de cárcel. Su hija, por cierto, fue sustituida como portavoz por Pilar Costa sin que nadie conozca los motivos, si bien podemos imaginarlos, aunque tampoco nadie ha informado al respecto.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma, dirigida por una antigua diputada socialista, también pide prisión para los acusados al entender que hicieron un mal uso del dinero público, pero evidentemente no tantos años como la Fiscalía. Al padre de Silvia Cano le solicitan solo 2 años, suficiente para no tener que ir a prisión.

La Fiscalía defiende que los dirigentes socialistas crearon una red para destinar dinero público a cambio de informes que eran plagiados de la OMS con algunos retoques. Recordemos que el primero de los políticos que entró en prisión fue Bartomeu Vicens, exdiputado de UM, por encargar un informe que resultó ser un plagio de un texto que estaba colgado en internet. O sea, lo mismo que el ‘caso Multimedia’.

O los dirigentes socialistas asumen los delitos a cambio de rebajar las penas o mucho me temo que el escándalo puede tener un gran recorrido político y hasta Armengol se verá obligada a pronunciarse en algún momento. O igual nadie le pregunta. Tampoco me extrañaría.