El caso Multimedia, con varios ex altos cargos del PSOE acusados, se juzgará en octubre de 2024

Los acusados se enfrentan en conjunto a penas que suman 156 años de cárcel

La Audiencia de Palma ha fijado para octubre de 2024, diez años después de abrirse la investigación, el juicio del caso Multimedia, en el que once personas, entre ellas varios ex altos cargos y dirigentes del PSOE, están acusadas de delitos de corrupción en torno a una empresa pública del Govern en la legislatura 2007-2011.

La sección segunda de la Audiencia había convocado este jueves una vista previa para establecer la fecha de inicio de la vista si no había ningún acuerdo de conformidad que alterara el curso normal del proceso.

El tribunal ha determinado que el juicio comenzará el día 15 de octubre del año próximo y continuará los días 16 y 17 y las dos semanas siguientes.

Entre los acusados, que se enfrentan en conjunto a penas que suman 156 años de cárcel, están los ex directores generales autonómicos y ex secretario general del PSOE de Calvià Antoni Manchado y José Antoni Santos, el ex secretario general del PSOE de Calvià Francisco Cano y el ex director general de Comunicación del Ayuntamiento de Palma Josep Alcover.

La Fiscalía atribuye a los once acusados, en distinto grado, delitos continuados de prevaricación, fraude a la administración, malversación, tráfico de influencias y falsedades en documentos oficiales y mercantiles.

En su relato de los hechos, la acusación pública señala que Santos y Manchado, desde sus responsabilidades como directores generales autonómicos de Coordinación y Tecnología, respectivamente, utilizaron la empresa Multimedia, creada para impulsar proyectos tecnológicos del Govern, para realizar contratos fraudulentos en beneficios de personas de su entorno.

"Multimedia concertó una serie de contratos que conculcaron los principios esenciales de la contratación, en la medida que no se respetaron los tres principios cardinales de la licitación: el principio de publicidad, el principio de concurrencia y el principio de igualdad de oportunidades", indica el fiscal.

Añade que se fraccionaron deliberadamente los contratos para evitar los controles establecidos y beneficiar a los adjudicatarios en detrimento de posibles competidores y de las arecas de la propia administración.

"En ocasiones, se beneficiaban amigos o personas cercanas al entorno de los dirigentes" de la empresa pública obteniendo recursos de la administración con facturas "inveraces y que después eran certificadas por los funcionarios correspondientes, que hacían dejación de sus funciones de forma deliberada", describe la acusación.

El caso comenzó a investigarse en 2014 por el juzgado de instrucción 5 de Palma a instancias de los datos sobre posibles irregularidades contractuales aportados por la Abogacía de la Comunidad Autónoma. 

El 'caso Multimedia' será juzgado por la Audiencia Provincial en octubre de 2024 después de que se haya cerrado la mañana de este jueves sin acuerdo la vista que se había señalado en la Sección Segunda. De esta manera, uno de los casos más antiguos de corrupción aún por resolver aún esperará un año más. La causa juzga hechos ocurridos entre 2008 y 2011 y que se comenzaron a investigar en 2014. Los principales acusados son los antiguos directores generales José Antonio Santos y Antoni Manchado, ambos históricos del PSIB.

La Fiscalía reclama para cada uno de ellos una condena de 17 años de cárcel. Les acusa de haber puesto en marcha, a través de la empresa pública Multimedia un mecanismo para premiar a personas afines con contratos públicos por trabajos que se fraccionaban y que, o bien eran innecesarios, o bien eran copia y pega. Por ese mecanismo, el Ministerio Público cifra en 400.000 euros el dinero defraudado. En total son nueve los acusados en este procedimiento. Además de los dos directores generales hay exconcejales del PSOE en Calvià como Francisco Cano o el anterior director de comunicación de Cort, Josep Alcover que dimitió el cargo hace tres meses por su implicación en la causa.

Los acusados han rechazado cualquier acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía de la Comunitat y defenderán en el juicio que su actuación fue correcta y que los contratos, algunos para la puesta en marcha de la televisión digital terrestre sí fueron útiles para muchos ayuntamientos a la hora de adaptar sus instalaciones.